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La ausencia de información fiable en los medios de comunicación españoles acerca de lo que sucede en Islandia aconseja echar un vistazo a las noticias publicadas en otros parajes en los que los medios no son tan dependientes del interés de la banca. La prensa de papel escrita en francés viene siendo particularmente sensible a las medidas adoptadas por el nuevo gobierno de Islandia, de lo que es prueba el artículo Cómo Islandia ha puesto en prisión a sus banqueros villanos, que apareció aquí hace algo más de una semana. Como complemento a ese artículo puede leerse el que se traduce aquí, aparecido el 20 de noviembre pasado en el diario belga Express.

ISLANDIA ANULA (UNA VEZ MÁS) UNA PARTE DE LA DEUDA CONTRAÍDA POR LOS PRÉSTAMOS INMOBILIARIOS

Audrey Duperron

Era una promesa de campaña: el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, elegido en 2013, ha confirmado que el país va a anular una parte de la deuda que las familias islandesas contrajeron mediante préstamos hipotecarios antes de la crisis de 2008.

La medida, llamada «Leidréttingin» (Corrección), permitirá a los hogares que suscribieron créditos hipotecarios ligados a la tasa de inflación antes de la quiebra de los bancos beneficiarse de una anulación parcial de su deuda, hasta la cantidad de cuatro millones de coronas islandesas (25.800 euros). Desde el mes de julio, 69.000 familias islandesas han solicitado acogerse a esta medida. Ello permitirá reducir sus mensualidades entre un 13 y un 14% de media, lo que equivale a una reducción individual de 95 a 130 euros.

El gobierno ha previsto financiar esta medida, que le costará el equivalente al 4,3% del PIB del país, mediante un incremento de los impuestos sobre los activos de los bancos que fueron liquidados en 2008.

En febrero de 2012 el gobierno islandés ya anuló el equivalente al 13% del PIB en préstamos hipotecarios. Más de la cuarta parte de los hogares islandeses pudieron beneficiarse de esta medida. En ese momento se firmó un acuerdo con los bancos parcialmente nacionalizados a fin de anular la parte del endeudamiento que sobrepasaba el 110% del valor real de la propiedad. Además, en junio de 2010, una sentencia dictada por el Tribunal Supremo estableció que los préstamos ajustados al índice de inflación de divisas extranjeras eran ilegales, y que en consecuencia los afectados sólo debían reembolsar la parte que correspondía a las pérdidas que tuvieran lugar al cambio a la moneda islandesa.

En 2013 igualmente se animó a los ciudadanos a que aceleraran el reembolso de su préstamo inmobiliario por medio de la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, cuando dichos fondos fueron utilizados para anticipar el reembolso de la deuda.

Así, el endeudamiento de los islandeses debería reducirse hasta representar el 94% del PIB (en la actualidad es del 105%). El gobierno cuenta igualmente con la eficacia de estas medidas para estimular el consumo y el crecimiento.

Por otra parte, hemos sabido que un tribunal islandés ha condenado al antiguo director del banco Landsbanki a doce meses de prisión por manipulación del mercado. Del mismo modo, Larus Welding, ex director del banco Glitnir; Hreidar Mar Sigurdsson, antiguo director del banco Kaupthing; y Sigurdur Einarsson, ex presidente del consejo del mismo banco, han sido condenados a penas de prisión.

Landsbanki, Glitnir y Kaupthing eran los tres mayores bancos de Islandia. Sus directivos se lanzaron a una frenética carrera de adquisiciones, orquestadas por los hombres de negocios islandeses radicados en el extranjero. En otoño de 2008 habían acumulado el equivalente a diez veces el PIB de Islandia, hasta que su quiebra arruinó el país.

Estas condenas ilustran la diferente actitud adoptada por Islandia con respecto a otros países de la zona euro a la hora de hacer frente a la crisis financiera. A diferencia de ellos, el país no rescató a los bancos en dificultades, sino que los dejó quebrar. Fueron, pues, los acreedores de los bancos, y no los contribuyentes, los que sufrieron las pérdidas correspondientes.

Islandia es virtualmente el único país del mundo occidental que se ha lanzado a la persecución penal contra los dirigentes de los bancos por su papel en la crisis financiera.