jueves, 20 de marzo de 2014

CRÓNICAS TOLEDANAS / 11

Rudolf Schlichter, Hausvogteiplatz, 1926
MÁS ALLÁ DE LA LEY Y LA RAZÓN

En la ciudad en la que vivo, Toledo, el Ayuntamiento aprobó en 2007 el llamado Plan de Ordenación Municipal (POM), que contemplaba una reordenación urbanística general de la capital de Castilla-La Mancha y la construcción de miles de viviendas. En 2011, sin que hubiera llegado a ponerse un ladrillo del ambicioso plan, el mismo fue declarado nulo por tres sentencias del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha. Recurridas dichas sentencias por el Ayuntamiento de la ciudad, el POM ha vuelto a ser declarado ilegal el mes pasado por el Tribunal Supremo. Ya ha anunciado la corporación municipal que recurrirá al tribunal superior, el Constitucional.

Lo anterior es una muestra elocuente de la manera en que se hace la política en el país en el que vivo, España, y si algo desentona en el ejemplo del POM de Toledo es el hecho de que éste fuera el último en aprobarse en el conjunto del Estado, en vísperas de la crisis del sector de la construcción y cuando, en consecuencia, ya había pocas (o ninguna) expectativas de que pudiera llevarse a cabo. De aprobarse unos años antes habría servido, como otros planes de ordenación, para que algunos empresarios de la construcción incrementaran sus fortunas, para que circulasen los habituales sobornos y para que los dos partidos políticos gobernantes recibieran sus cuotas correspondientes de financiación ilícita. Hay que subrayar que si esto (que ha sido la norma en todas las ciudades de España con independencia de que sus respectivos POMS se ajustaran a la legalidad vigente o no) nunca ha llegado a suceder en mi ciudad ha sido exclusivamente porque el POM de Toledo se aprobó demasiado tarde, cuando el negocio de la especulación inmobiliaria estaba dando sus últimos coletazos, lo que es atribuible únicamente a la torpeza de los ediles del Consistorio toledano.

Así pues, en Toledo no ha llegado a verificarse en la práctica el incumplimiento de la ley, no porque ésta haya sido impuesta por algún órgano de control institucional o ciudadano, sino sólo por pura ineptitud. A este respecto conviene recordar que el POM toledano fue aprobado por la unanimidad del pleno del Ayuntamiento, formado por los dos partidos dominantes, con la excepción de un solo voto, único voto disidente al que entonces se acusó de sabotear el progreso de la ciudad, y cuyo valor moral ha crecido desde entonces, al haber sido reconocido cuatro veces por los tribunales como el único ajustado a la ley.

No importan mucho los motivos por los que el POM de Toledo ha sido declarado ilegal. Más interesante es observar la manera en que hoy en España se manejan conceptos como “razón”, “verdad” y “ley”.

Ante todo hay que aclarar que el fallido POM ya ha costado dinero (y no poco) a los toledanos, dinero que deberán aportar mediante tasas e impuestos y por medio igualmente de una mayor precariedad de sus servicios públicos. Un dinero que se ha ido al limbo en forma de pagos a abogados y costas de los juicios perdidos, así como mediante el encargo de costosos informes “independientes” pagados por el Ayuntamiento a servicios jurídicos. Un gasto que aumentará ahora que el caso va a ser recurrido al Tribunal Constitucional. Entretanto, los dos partidos dominantes y gobernantes se recriminan mutuamente por la responsabilidad del desaguisado, lo que no impide que ambos sigan siendo los partidos dominantes y gobernantes. No se ha producido ninguna dimisión, y los ediles que votaron ilegalmente continúan en sus puestos (excepto uno de ellos, que ha sido elevado al cargo de alcalde). Hace unas semanas, cuando la prensa informó del nuevo fallo del Tribunal Supremo, ningún medio de comunicación se acordó de mencionar al único edil que se opuso a la aprobación del POM ilegal: José Esteban Chozas, que ha sido “premiado” de la manera en que hoy se premia la honestidad en España, lo que quiere decir que ya no forma parte del Consistorio toledano y ni siquiera de la formación política a la que entonces representaba (Izquierda Unida).

Y es que nuestra política está sometida hoy a una ley darwiniana no escrita de selección natural, en virtud de la cual el embudo del poder sólo acepta en su seno a la inmoralidad pública. Tal cosa sucede igualmente en todo el Estado, lo que explica la desconexión total existente entre las instituciones y la población. ¿Qué enseñanza puede extraer de esto el ciudadano medio? Quizá una: la de que el situarse fuera de la ley no sólo no está perseguido, sino que además está muy bien pagado. La razón ya no es cosa del grado de verdad que haya en ella, sino muy al contrario del poder de que se disponga para hacer pasar por razón aquello en lo que no hay ninguna verdad. Para ello basta con que esa falsa verdad sea convenientemente aireada por unos dirigentes a los que no importa nada lo que “es”, sino lo que “parece”. Ellos son seres mediáticos cuya única preocupación consiste en planificar la manera en que sus asuntos serán expuestos en los medios de comunicación, encargados de establecer la suya como única razón, aunque sea al margen de la ley.

Los ejemplos de todo lo anterior pueden multiplicarse hasta alcanzar la totalidad del espectáculo político, de lo que hemos tenido otra buena muestra con la reciente comparecencia del secretario de Estado de Seguridad en relación con la muerte de quince inmigrantes en la playa El Tarajal. De esta comparecencia se deduce que los inmigrantes, después de recorrer miles de kilómetros, optaron por suicidarse colectivamente a la vista de los edificios de Ceuta, sin que en tal decisión influyera significativamente el hecho de haber sido recibidos con disparos de pelotas de goma por agentes de la Guardia Civil. Al contrario, aquí el espectáculo se ha desplazado de los dudosos hechos puestos en cuestión a la comparecencia misma, “ejercicio de trasparencia” insólito en nuestras instituciones, en absoluto aficionadas a dar explicaciones, olvidando que si esta vez las han dado, aunque irrisorias, no ha sido pensando en dirigirlas a la población española, sino a los organismos internacionales (Naciones Unidas, Unión Europea y diversas organizaciones de derechos humanos) escandalizados por la masacre.

Lo expuesto aquí no responde a una excepcionalidad o error del sistema. Antes bien, se trata del modo natural en que éste se comporta. Esta “razón” de hoy, monopolio de una generalidad debidamente adoctrinada, ignora que la razón no es cosa de cantidad, sino de que en ella exista más verdad, aunque sea solo uno el que la defienda. La sinrazón elevada a la categoría de razón, desprovista de verdad y superior a la ley, ha sido siempre signo de decadencia de sociedades, estados y civilizaciones. ¿Lo será también de la nuestra?

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